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Ahora Será Más Fácil Financiar Start-ups Hasta por $7.800 Millones de Pesos

Sin duda debe celebrarse la reciente expedición del Decreto 1357 de 2018 el pasado 31 de julio por parte del Gobierno Nacional, mediante el cual introdujo y reglamentó las actividades de financiación colaborativa (“crowdfunding”) en el país, poniendo así a Colombia a tono con las dinámicas de fintech que están siendo utilizadas en las economías más avanzadas.

El “crowdfunding” consiste en la recolección masiva o colectiva (como su nombre lo indica) de recursos de forma digital para la financiación de un proyecto. El proceso es sencillo: los dueños de las iniciativas (emprendedores o receptores) ponen en conocimiento de todos los posibles inversionistas, por medio de una plataforma electrónica, las características del proyecto, la cantidad necesaria para llevarlo a cabo y la contraprestación que recibirán en caso de aportar, para que estos decidan si desean o no participar; en caso de que el inversionista decida participar, realiza su aporte por medio de la plataforma, quien se encarga de transferirlo al emprendedor y a su vez este último emite la contraprestación al inversionista.

Si bien puede sonar novedoso, es una metodología que ya está ampliamente difundida en otros países. Hace casi una década comenzaron a aparecer en Estados Unidos y Europa diferentes plataformas online que buscaban darle gran visibilidad a proyectos artísticos, culturales, sociales o educativos, generalmente con fines solidarios, con la intención de obtener, de manera  masiva, los recursos necesarios para llevarlos a cabo, a través de pequeñas donaciones de muchas personas; luego, persiguiendo la intención de hacer más atractiva la realización de aportes, los emprendedores por medio de las plataformas comenzaron a ofrecer recompensas a cambio de las donaciones. El crowdfunding basado en donaciones mostró rápidamente ser bastante efectivo y exitoso en la canalización masiva de recursos, e inmediatamente llamó la atención de un sector de la economía que estaba ávido de financiación debido a las escasas, o mejor, nulas posibilidades de acceder a capital a través de los mecanismos tradicionales de financiación: los emprendedores. Rápidamente apareció el crowd-lending, básicamente un sistema de préstamo mediante el cual el inversionista en el proyecto recibe un retorno económico en forma de intereses a cambio de su inversión en el proyecto, y el equity crowdfunding, que es el típico sistema de aporte a capital, mediante el cual el inversionista recibe acciones de la sociedad que desarrollará el proyecto a cambio de su inversión.

Hoy países como Estados Unidos, España, Francia, Irlanda, Alemania, Reino Unido, entre otros, han regulado, a diferentes niveles, las actividades de crowdfunding como respuesta al innegable impacto que este fenómeno ha tenido en los mercados de capitales en numerosos países.

Teniendo claro el anterior contexto, con el fin de promover la innovación financiera en Colombia y facilitar la obtención de recursos para proyectos productivos, start-ups y Pymes, el 31 de julio el Gobierno expidió el Decreto 1357 de 2018 que reglamenta la financiación colaborativa en Colombia, definiéndola como una actividad del mercado de valores que podrá ser adelantada por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia a partir de una infraestructura electrónica (interfaces, plataformas, páginas web, o cualquier otro medio de comunicación electrónica), con el fin de poner en contacto un número plural de inversionistas con receptores para financiar sus proyectos productivos hasta por 10.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) (hoy COP$7.812.420.000).

Los siguientes son algunos de los aspectos más relevantes de la norma:

  • Ámbito de aplicación: la norma descrita cobija a las entidades que realicen la actividad de financiación colaborativa en el territorio nacional y estén domiciliadas en el País, así como a los receptores y aportantes que participen en ella.

La norma expresamente excluye de su aplicación a las actividades de financiación colaborativa que realicen los residentes colombianos por medio de plataformas de financiación colaborativa domiciliadas que el extranjero; y a las financiaciones que tengan como destino la realización de una donación o la recepción de un servicio o bien que sea distinto a un valor en los términos del artículo 2 de la Ley 964 de 2005.

  • Modalidades de financiación colaborativa: puede ser a través de valores representativos de deuda (como bonos o pagarés), o a través de valores representativos de capital (acciones).
  • Entidades autorizadas: la actividad de financiación colaborativa puede ser desarrollada por:
  • Sociedades de Financiación Colaborativa: estas son sociedades anónimas con objeto exclusivo destinado a poner en contacto a un numero plural de aportantes con receptores que soliciten financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto productivo, previamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
  • Las bolsas de valores.
  • Los sistemas de negociación o registro de valores autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
  • Tipos de aportantes: la norma divide a los aportantes en:
  • Aportantes calificados: son aquellos que cumplen con alguno de los siguientes requisitos: (i) tener un patrimonios igual o superior a 10.000 SMLMV (esto es COP$ 7.812.420.000), (ii) ser titular de un portafolio de valores con un valor igual o superior a 5.000 SMLMV (esto es COP$3.906.210.000); (iii) tener la certificación de profesional del mercado como operador expedida por el autorregulador del mercado de valores; o (iv) ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
  • Aportantes no calificados: son aquellos que no cumplen los requisitos para ser catalogados como aportantes calificados.
  • Limites en los aportes: los aportantes no calificados tienen prohibido comprometerse a invertir o efectivamente invertir a través de entidades de financiación colaborativa más del 20% de sus ingresos anuales o del 20% de su patrimonio, tomando como referencia el que resulte mayor.
  • Monto máximo de financiación: los receptores solo podrán financiar por medio de una entidad de financiación colaborativa el valor máximo de 10.000 SMLMV (esto es COP$7.812.420.000); sin embargo, si los aportes solo provienen de aportantes no calificados el valor máximo de la financiación se reduce a 3.000 SMLMV (esto es COP$2.343.726.000).

Por: Camilo Merino J y Camilo Espinal A.

 

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