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Cuestionamientos en torno a los beneficios consagrados en la reforma tributaria para aportantes en procesos de fiscalización de la UGPP.

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La Ley 1819 de 2016 -última reforma tributaria- consagró varias disposiciones que modificaron los procedimientos adelantados por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), e igualmente, incluyó una serie de medidas a favor de los aportantes, para la terminación de los procesos de fiscalización o para evitar los mismos, medidas que implican la reducción de intereses moratorios y/o sanciones a cargo de los aportantes.

Entre las medidas referidas, se encuentran aquellas para: (i) la terminación de procesos administrativos por mutuo acuerdo -por la determinación de obligaciones y el no envío de información a la Unidad-; (ii) la terminación por conciliación de procesos judiciales; (iii) la reducción de la sanción por no envío de información cuando no exista pliego de cargos, resolución sanción o resolución que decide el recurso de reconsideración; y (iv) la reducción de intereses moratorios, en el evento en el que al aportante no le hubiera sido notificado un requerimiento para declarar o corregir. Es fundamental aclarar que estas 2 últimas alternativas tuvieron como fecha límite para hacerse efectivas el pasado 30 de junio de 2017.

Cada una de las medidas consagradas en la Ley 1819 regula alternativas autónomas, atendiendo a las distintas etapas de los procedimientos que adelanta la Unidad o los jueces competentes. Así, a la hora de determinar cuál de las medidas es aplicable al caso concreto de un aportante al Sistema de Protección Social, es fundamental tener presentes, entre otros, los siguientes aspectos: (i) el estado del proceso al 29 de diciembre de 2016 -fecha de publicación de la Ley 1819-; (ii) el (los) año(s) al (los) que corresponde el requerimiento o los aportes; (iii) el plazo para efectuar los pagos respectivos, esto es, el 30 de junio o el 30 de octubre del presente año, según el caso.

De estas medidas, pueden evidenciarse varios factores comunes, incluyendo que todas ellas tienen como condición el pago total de los aportes o cotizaciones adeudadas por el aportante. Lo anterior, excluyendo los intereses de mora y las sanciones a que hubiere lugar, pues estos 2 últimos tienen unas reducciones porcentuales para cada tipo de medida. El pago mencionado debe realizarse a más tardar en las fechas establecidas en la Ley 1819, advirtiendo que la fecha límite para el pago correspondiente a la reducción de la sanción por no envío de información (cuando no existiese pliego de cargos, resolución sanción o resolución que decide el recurso de reconsideración) y la reducción de intereses moratorios, fue el pasado 30 de junio.

Teniendo presente esta premisa sobre el pago, cabe cuestionarse, ¿cuál es la consecuencia jurídica de que la UGPP no acepte las medidas mencionadas, debido a un cálculo impreciso por parte del aportante o inclusive por el operador de la Planilla Integrada de Autoliquidación -PILA- sobre el valor adeudado? ¿Existirán alternativas para estos aportantes? Estos cuestionamientos se tornan aún más problemáticos al evidenciarse que las normas no consagran un plazo para que la Unidad se pronuncie sobre la solicitud del aportante en todos los supuestos, considerando que sólo en las medidas sobre terminaciones por mutuo acuerdo (a nivel administrativo) y terminaciones por conciliación (a nivel judicial) se fijó un plazo máximo de resolución para la UGPP que corresponde al 1 de diciembre de 2017.

De la mano de lo anterior, el Decreto Reglamentario 938 de 2017 consagra que la solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende la caducidad del medio de control (acción de nulidad y restablecimiento del derecho) para que el aportante acuda ante la jurisdicción contencioso-administrativa con el fin de cuestionar las decisiones de la UGPP. Así, podría resultar problemático el evento en el que la Unidad considere que no se cumplieron los requisitos para que el aportante se hubiese beneficiado de las medidas anotadas, pues el medio de control (acción de nulidad y restablecimiento del derecho) pudo haberse visto afectado por el fenómeno de la caducidad.

Por otra parte, la normativa tributaria consagra la posibilidad de que el empleador/contribuyente del impuesto sobre la renta, efectúe las deducciones de los costos relacionados con la nómina, al depurar la base del impuesto sobre la renta, siempre y cuando haya cotizado al Sistema de Seguridad Social Integral y se hayan pagado los aportes parafiscales, cuando corresponda, de conformidad con los parámetros legales. Con esta premisa, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Acogerse a estos beneficios puede representar un riesgo para el empleador que efectuó una deducción de los costos relacionados con la nómina de la base para el impuesto sobre la renta, atendiendo a que no pagó los aportes al Sistema de Protección Social correspondientes al período objeto del beneficio, de manera adecuada, completa y oportuna? ¿Será un criterio válido para resolver esta inquietud el hecho de que el contribuyente haya pagado -aunque tarde- al Sistema de Protección Social, al acogerse a estas medidas?

En últimas, además de tener presentes los anteriores cuestionamientos, es fundamental para los aportantes, considerar que al margen de los beneficios mencionados, la UGPP mantiene su competencia para la fiscalización de los aportes al Sistema de Protección Social por períodos anteriores o posteriores a los que fueron objeto del beneficio, por lo que acogerse al mismo, no impide, se reitera, que la Unidad adelante procesos de fiscalización sobre períodos distintos a los que fueron objeto de las medidas contenidas en la Ley 1819.

Por: Darío Ramírez M.Jose Jaime Posada M.

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