Correa Merino & Co

Nueva regulación sobre tercerización e intermediación laboral emitida por el Ministerio del Trabajo.

Mediante la Resolución 2021 del 9 de mayo de 2018, el Ministerio del Trabajo estableció una serie de lineamientos para determinar la presencia de prácticas de intermediación laboral ilegal, en el desarrollo de diferentes esquemas y dinámicas contractuales que involucren figuras tales como cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, contrato sindical, empresas asociativas de trabajo, así como la utilización de diferentes tipos societarios.

Los aspectos más relevantes y a resaltar de esta nueva regulación, son los siguientes:

  1. La tercerización en Colombia es legal y no se encuentra prohibida.
  2. El servicio de suministro de personal individualmente considerado para ejecutar labores a favor de terceros, o envío de trabajadores en misión a usuarios, como modalidad de intermediación laboral, está reservado exclusivamente para las empresas de servicios temporales, observando los lineamientos establecidos en la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006, para los eventos en los cuales está permitido de manera temporal hacer uso de este servicio.
  3. No es posible legalmente que a través de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, contrato sindical, empresas asociativas de trabajo, u otros tipos societarios que no estén constituidos y autorizados para operar como empresas de servicios temporales, se suministre personal a terceros. Si en desarrollo de una investigación administrativa, el Ministerio del Trabajo constata un incumplimiento de lo anterior, se tipificaría una intermediación laboral ilegal con la consecuente imposición de sanciones administrativas.
  4. Las actuaciones administrativas que adelanten funcionarios del Ministerio del Trabajo en el desarrollo de sus funciones de inspección, vigilancia y control para la verificación de posibles eventos de intermediación laboral ilegal, atenderán ciertos lineamientos, dependiendo si el evento de intermediación laboral involucra a cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, o cuando en empresas públicas o privadas, se utiliza otro tipo de modalidad de vinculación de personal, diferente al uso de cooperativas y precooperativas, para el desarrollo de sus actividades misionales permanentes, que vulneren los derechos constitucionales y legales de los trabajadores. En este último caso, las investigaciones administrativas deberán tener en cuenta lo siguiente: a) Determinar si existen trabajadores prestando sus servicios, sin estar contratados directamente o a través de un contrato de prestación de servicios; b) Verificar si este personal está contratando a través de una empresa de servicios temporales, acatando lo dispuesto por la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006; c) Si el personal no está contratado por una empresa de servicios temporales, será necesario determinar entre otros aspectos: (i) A qué título se presta el servicio; (ii) Si el contratista realiza las mismas o sustancialmente las mismas labores que realizan los trabajadores del contratante; (iii) Si los trabajadores han trabajado para el contratante o para otro contratista que este último hubiese tenido; (iv) Si el contratista tiene independencia financiera; (v) Si el contratista tiene vínculo societario con la empresa contratante; (vi) Si el contratista tiene autonomía en el uso de los medios de producción, en la ejecución de los procesos o subprocesos contratados; (vii) Si el contratista ejerce frente a sus trabajadores la potestad reglamentaria y disciplinaria, o la ejerce el contratante; (viii) Si las instrucciones para la prestación de los servicios son impartidas por el contratante; y (ix) Si el contratista es quien ha realizado el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social de sus trabajadores o estas fueron asumidas por el contratante.
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