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Sustancias Psicoactivas en el Trabajo y Fuero para el Trabajador Prepensionado

Sustancias psicoactivas en el trabajo. La Corte Constitucional se pronunció en la sentencia C-636 de 2016 sobre la prohibición a los trabajadores de presentarse al sitio de trabajo bajo los efectos de sustancias psicoactivas -entiéndase bebidas alcohólicas, narcóticos y drogas enervantes- y la consideró ajustada a la Constitución, únicamente bajo el entendido de que el empleador solo puede tomar medidas disciplinarias sobre el empleado por el consumo de sustancias psicoactivas cuando dicho consumo afecte directamente el desempeño laboral del trabajador.

Para concluir lo anterior, la Corte se refirió a los deberes de prevención, seguridad y cuidado que deben seguir los empleadores frente a sus trabajadores. Acto seguido, explicó que sin perjuicio de los estudios científicos que apuntan a los efectos de este tipo de sustancias en el organismo humano, también existen, en los términos de la Corte, otros estudios respaldados científicamente que indican que el consumo de dichas sustancias puede no afectar la capacidad de trabajo de los empleados para realizar ciertas asignaciones laborales.

De acuerdo con la Corte Constitucional, es el empleador quien tiene la carga de demostrar que el consumo de sustancias psicoactivas afecta, de hecho, la adecuada prestación de los servicios del trabajador. Adicionalmente, al momento de tomar medidas disciplinarias, el empleador debe respetar las garantías del debido proceso y del derecho de defensa de las que es titular el trabajador.

Resaltamos de la sentencia:

  • El empleador deberá construir suficiente evidencia sobre esa afectación para el trabajador en sus labores particulares y en su entorno laboral, para tomar decisiones acertadas al imponer sanciones o proceder con despidos con justa causa relacionados con el consumo de este tipo de sustancias.

  • Es evidente la inequidad para los empleadores del sector privado frente a las entidades públicas con personas a su servicio, pues en el caso de éstas últimas, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre normas jurídicas que prohíben el consumo de estas sustancias en situaciones inclusive más restrictivas en el marco de la prestación de los servicios, habiéndolas considerado constitucionales sin este tipo de condicionamientos para los empleadores del sector privado.

Fuero de estabilidad laboral reforzada para el trabajador prepensionado del sector privado. En la sentencia T-638 de 2016 la Corte Constitucional juzgó contrario a las disposiciones constitucionales vigentes, que un empleador del sector privado despidiera sin justa causa a un empleado vinculado a través de un contrato de trabajo -reconociéndole la indemnización legal por ese despido-, considerando que al trabajador le faltaban menos de tres (3) años para causar su derecho a la pensión de vejez.

La Corte Constitucional concluyó lo anterior a partir de un análisis frente a la protección denominada retén social, inicialmente prevista a nivel legal a favor de servidores públicos y no para trabajadores de empresas del sector privado, teniendo como premisa la vulneración al principio de igualdad entre uno y otro grupo de trabajadores, por el desequilibrio evidente entre ellos.

Así, para la Corte, el pre-pensionado es una persona en condiciones que ameritan una especial protección constitucional, por las dificultades de ingreso al mercado laboral y la posible afectación a su mínimo vital mientras accede a una prestación económica del Sistema General de Seguridad Social. Esa protección se materializa en establecer para el trabajador prepensionado del sector privado un fuero de estabilidad laboral reforzada.

De acuerdo con estos parámetros, para proceder con el despido de un trabajador que se considere como pre-pensionado, el empleador debe acudir de manera previa ante el Inspector del Trabajo para solicitar una autorización de terminación del contrato de trabajo.

Resaltamos de la sentencia:

  • Teniendo una interpretación sistemática de las decisiones de la Corte Constitucional, particularmente de la sentencia SU-897 de 2012, los tres (3) años deberían contabilizarse desde la terminación del contrato de trabajo, y el cumplimiento de los requisitos para acceder a una pensión de vejez dependerá de cada caso particular y del régimen pensional aplicable (edad y semanas, o capital acumulado).

  • La falta de claridad que genera la decisión frente a la aplicación de la protección a los trabajadores afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) que administran las AFP del sector privado, por las particularidades para determinar la causación del derecho a la pensión de vejez en estos casos y la posibilidad de pensionarse a edades distintas de las fijadas para el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

  • Teniendo presente que los requisitos para causar una pensión de vejez no solo se restringen a la edad, sino también a un número de semanas o a un capital ahorrado, la Corte debió haber fijado reglas claras (i) para el trabajador, sobre la notificación de estas condiciones pensionales a su empleador, (ii) para el empresario, con el fin de equilibrar la estabilidad laboral reforzada por este fuero con el derecho fundamental al hábeas data desarrollado por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, aplicables a asuntos pensionales con extractos o historias laborales que acrediten la cercanía al cumplimiento de dichos requisitos.

Por: Darío Ramírez M.Jose Jaime Posada M.

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